Gonzalo Sosso realizó una reflexión sobre el impacto de Escazú en la construcción de la idea de una democracia ambiental. Considera que la cuestión ambiental ha obligado a renovar o puesto sobre tapete sobre los conceptos más fundamentales de la institucionalidad moderna, cómo entender el estado de derecho, así también nuestras ideas acerca de la democracia.

Plantea cómo la cuestión ambiental en general y en particular el Acuerdo de Escazú, contribuyen a renovar la discusión en torno de la idea de democracia. Considera que Escazú es un paso adelante muy significativo en el diseño de una democracia ambiental.

Señala que esta cuestión tiene lazos de unión con el debate acerca de la democracia participativa como vía de renovación de la discusión acerca de la democracia representativa y con el debate acerca de la necesidad de colocar a la tecnociencia en democracia.

La primera cuestión es cuál es el vínculo que existe entre Escazú y la agenda de “democratizar” la democracia, o cómo renovar la democracia representativa. La democracia participativa aparece como una concepción de la democracia que parece un excelente complemento y una excelente manera de pensar la renovación de la democracia representativa.

La democracia participativa no es simplemente un conjunto de procedimientos administrativos que nos permiten participar, es mucho más amplia, es un dispositivo de instituciones, de movimientos sociales que están articulados en torno a este principio de “primero la democracia después del capitalismo”.

El Acuerdo de Escazú impulsa mecanismos generales y mecanismos específicos para la toma de decisiones dándole un espacio a los nuevos movimientos sociales, a los movimientos ambientales y a otro tipo de movimientos que promueven la discusión sobre la naturaleza y los daños ambientales.

Asimismo, constituye decididamente un impulso decisivo a la democracia participativa, no solamente pensando en las organizaciones no gubernamentales o de instituciones de gestión, sino a través de la ciudadanía de manera directa. Escazú es una oportunidad para impulsar y de renovar la democracia en un sentido ambiental.

La segunda reflexión es acerca del vínculo que Escazú tiene con la agenda de democratización de la ciencia ¿no es necesario que la sociedad civil recupere la voz y empiece de alguna manera a intervenir en ese proceso más directamente de toma de decisiones que hasta el momento tiene solo dos protagonistas que son los científicos y la política?

Escazú es de alguna manera una invitación muy fuerte a rediseñar los procedimientos administrativos en los cuales la ciencia y la política toma las decisiones y dará espacios de participación ciudadana que son necesarios, sin dejar de reconocer la participación indirecta a través de las organizaciones no gubernamentales que tiene un rol central y que debe seguir su curso debe ser mantenido.

Escazú apuesta a mecanismos de participación de democracia directa donde el público pueda emitir su opinión no solo sobre los fundamentos científicos en las decisiones especiales sino también donde pueda emitir su opinión en proyectos generales de regulación, en decisiones políticas y en decisiones regulatorias generales.

Otra conclusión importante en relación al aporte de Escazú a poner la ciencia en democracia, es que avanza prefiriendo ningún tipo de arreglo institucional en particular sino respetando la idiosincrasia de cada uno de los países para que puedan construir sus propios arreglos institucionales. Pero establece un piso mínimo que debe ser respetado por todos los países que decidan organizar estos arreglos institucionales.

Aborda las implicancias que va a tener llegar Escazú en los territorios. Propone rediscutir y también robustecer las herramientas jurídicas internas con la que algunos países cuentan dentro de la región. Estos grandes tópicos que trae Escazú que no son tópicos nuevos del derecho ambiental pero que adquieren una relevante situación teniendo en cuenta que acaba de entrar en vigor.

Escazú ha inspirado un especial interés en términos de la desigualdad territorial que existe en relación a los tópicos que justamente trata el Acuerdo, entre otros muchos tópicos que podemos identificar el interior del derecho ambiental. En cada territorio se van a poder ir ampliando y se van a ir construyendo de conformidad con las especificidades que tiene cada país y las especificidades que tiene el interior de cada país.

En la cuestión de los territorios y de las provincias en este sentido, detectaron un tema muy específico que tiene que ver con el alto grado de desigualdad en términos territoriales para el acceso a la justicia, para el acceso a la información e incluso para pensar en términos de generación de espacios participativos para la toma de decisiones.

Pero principalmente respecto de los otros dos temas hay una diferencia muy grande en cuanto a lejanía de las instituciones que son las que tienen a su cargo brindar este acceso a la justicia y este acceso a la información. Es alarmante en cuanto a resultados con respecto al tema acceso a la justicia; no obstante, Escazú puede ser una herramienta realmente muy poderosa en términos de ampliar el acceso a la justicia.

Otra parte tiene que ver con la desigualdad territorial, no es lo mismo acceder a la justicia en una ciudad grande o mediana que para una persona que se encuentra viviendo en una pequeña localidad al interior de una provincia.

Hay una cuestión funcional puntual que hay siempre que tener en mente que tiene que ver con estas grandes desigualdades territoriales existentes para acceder a la justicia no es un tema que únicamente se pueda vincular con lo ambiental pero es realmente alarmante la situación en relación a qué hacer cuando estamos en presencia de una afectación del derecho a un ambiente sano.

Hay un nivel de desconocimiento bastante grande y en ese sentido podemos pensar en Escazú como una herramienta que puede ser poderosa en términos de generar mayor discusión social y política sobre la necesidad de ampliar el acceso a la justicia en todos los territorios que componen América Latina y el Caribe.

Considera también interesante traer las experiencias del derecho comparado y también las experiencias de lo que ha venido pasando hasta ahora para ver qué tipo de traducción institucional se le puede dar a esta toma de decisiones desde una lógica más participativa. Hay una presión cada vez más grande para lograr la inclusión de los actores en la toma de decisiones.

Por último nos encontramos también con un elemento de Escazú que parece muy importante porque por otro lado es una de las primeras traducciones jurídicas en ese sentido que encontramos es el tema de los de la protección de los defensores ambientales. Cuán relevante es este tema para América Latina, más del 70% de las personas que son asesinadas por esta causa en los últimos informes sobre esta temática provienen del subcontinente.

Escazú en este sentido hace un aporte muy interesante en términos de visibilizar esta situación de gente esa categoría es el sujeto jurídico que es el objeto de protección ya sea grupos, personas individuales u organizaciones.

El derecho ambiental es un nuevo derecho, un derecho de pertenencia comunitaria, super individual, un derecho referido a los bienes comunes, el bien colectivo ambiente es un bien común, es un bien de naturaleza indivisible y es un derecho participativo. El derecho ambiental implica la necesidad de la vuelta de la comunidad al ágora, la plaza donde se realizaban las asambleas comunitarias en la polis para discutir los temas de interés común. El derecho ambiental es un derecho está ligado a una idea de democracia directa o semi-directa. Es un derecho mixto, porque contiene características transversales de derecho público y derecho privado pero en definitiva es un derecho de la sociedad.

Por eso es necesario producir una apertura para la participación de la sociedad, de la comunidad en cuestiones muy sensibles relativas al medio ambiente. Porque en definitiva, el derecho ambiental responde a qué es lo que quiere la comunidad para su medio ambiente, además pensemos que acá están en juego no solamente los intereses de las generaciones actuales sino también los intereses de las generaciones futuras

En lo relativo al acceso a la justicia en asuntos ambientales, el artículo 8 de Escazú dice que cada parte va a garantizar el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso.

La corte interamericana habla de un conjunto de requisitos que deben observarse a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos. Sobre todo en las causas ambientales hay una asimetría de condiciones, muchas veces entre el actor que está representado por una ONG o el damnificado directo, y los demandados, que muchas veces tienen toda experticia en materia procesal y además cuentan con mayores recursos técnicos y económicos para soportar el costo de un proceso que puedes ser de trámite prolongado.

Escazú garantiza el acceso a la justicia conforme a las reglas del derecho de debido proceso. Asimismo, garantiza el derecho de acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso y asegura en el marco de la legislación nacional de cada país, parte del acceso a las instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y el procedimiento y cualquier acto de decisión, de comisión relacionada con el acceso a la información, con el acceso a la participación pública en los procesos de decisiones ambientales.

En primer lugar lo que va a establecer Escazú, es la necesidad de contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especiales en materia ambiental, procedimientos, efectivos, oportunos, públicos, transparentes e imparciales sin costos prohibitivos.

Escazú consagra una legitimación activa de lograr ampliar la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales que entre otros fines parecía prevenir. Y establece la necesidad de contar con mecanismos de reparación según corresponda, tales como la restitución al estado previo al daño, la restauración la compensación, el pago de una sanción económica, la satisfacción las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Esta fórmula que aparecen en el inciso g del artículo 8, es una fórmula que proviene del derecho internacional de los derechos humanos. Habla de mecanismos de reparación que es lo que habitualmente utiliza como lenguaje tanto en las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir que el lenguaje que emplea Escazú respecto a esta temática es el lenguaje que se utiliza habitualmente en el derecho internacional de los derechos humanos.

En definitiva, Escazú persigue genéricamente garantizar la implementación plena y efectiva de los de los derechos ambientales y cuando habla del acceso a la justicia, no solamente introduce mecanismos de garantías de implementación de procedimientos tendientes a lograr lo que podemos llamar el proceso justo ambiental, sino también establece alguna norma en materia sustantiva.

Va a tener un fuerte impacto sobre no solamente el proceso judicial, sino también los procesos administrativos sobre todo con relación al tema participación información pública ambiental. Tenemos que tener en cuenta que el derecho mental es transversal, es horizontal, es interdisciplinario y que la forma que tiene el derecho ambiental de penetrar en distintas materias es a través de los principios de integración y el principio de congruencia y también del diálogo de fuentes

Escazú es una invitación y va a motorizar el principio de integración y el principio de congruencia y consecuentemente hoy podemos ver que hay una serie de principios en materia procesal que a se tornan indiscutibles a partir de Escazú.