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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/041/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 27 de febrero 2020    
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  • Al exponer el caso, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina dijo que el tema es relevante, ya que la Ciudad de México ha sido escenario de múltiples producciones y no se debe perder de vista que el cine es una fuente generadora de recursos económicos y de empleos, donde el gobierno puede jugar un papel muy importante como promotor de esta industria.
  • Comentó que la renta de espacios para filmaciones beneficia a las finanzas públicas, ya que los permisos para filmar en vía pública en la CDMX van de 871 a 8 mil 693 pesos por jornada. De ahí que el Sujeto Obligado debe hacer pública esta información como parte de un ejercicio de rendición de cuentas.


El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) ordenó a la Comisión de Filmaciones de la CDMX realizar una búsqueda exhaustiva e informar a una persona, el número de permisos que ha otorgado a las filmaciones, así como el monto recaudado por los permisos para grabaciones otorgados en los últimos años.



Durante la séptima Sesión Ordinaria, las y los Comisionados Ciudadanos resolvieron un recurso de revisión que recayó en la ponencia de la Comisionada María del Carmen Nava Polina, en el que una persona solicitó “en versión pública una lista que incluya las locaciones (sitios y direcciones), el pago de derechos (los costos por el alquiler de esas locaciones y permisos) y los horarios de uso de las producciones mexicanas y extranjeras que se hayan grabado en Ciudad de México (o en su defecto, el Distrito Federal) durante los últimos 10 años autorizadas por la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México”.



Al exponer el caso, Nava Polina dijo que el tema es relevante, ya que la Ciudad de México ha sido escenario de múltiples producciones y no se debe perder de vista que el cine es una fuente generadora de recursos económicos y de empleos, donde el gobierno puede jugar un papel muy importante como promotor de esta industria.



Cabe mencionar que ante la solicitud de la persona recurrente la Comisión de Filmaciones proporcionó dos enlaces electrónicos de consulta para el “catálogo de locaciones” y galería de fotos.



Asimismo, informó que “las locaciones en comento sólo son propuestas sugeridas a las producciones, los importes del alquiler de dichos inmuebles, constituye un convenio entre particulares, por lo que no se cuenta con la información al respecto” y solo indicó los costos vigentes de los derechos que deben cubrirse por la emisión de un permiso.



La persona denunciante se inconformó con la respuesta e interpuso un recurso de revisión ante el INFO en el que argumentó que no coincide con lo solicitado por lo que no fue atendido ninguno de los requerimientos que integran su solicitud.



Ante ello, la Comisionada Ciudadana comentó que se debe hacer énfasis en la importancia de que el Sujeto Obligado dé a conocer las cifras respecto del número de permisos que se han tramitado en nuestra ciudad durante los últimos 10 años para realizar filmaciones, así como los montos que se han ingresado por el otorgamiento de estos permisos.



Recordó que, en 2019, se incrementaron los costos para la obtención de estos permisos, que establece el artículo 269 del Código Fiscal local.



“La renta de espacios para filmaciones beneficia a las finanzas públicas, los permisos para filmar en vía pública en la CDMX van de 871 a 8 mil 693 pesos por jornada, de acuerdo con datos de notas periodísticas. De ahí que el Sujeto Obligado debe dar a conocer y hacer pública esta información como parte de un ejercicio de rendición de cuentas”, dijo la Comisionada.



Por lo anterior, el Pleno aprobó modificar la respuesta del Sujeto Obligado a fin de que, con la intervención de su comité de transparencia, se elaboren versiones públicas para que subsane el incumplimiento en su totalidad en favor de la persona recurrente.



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