Info CDMX

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Boletín: DCS/171/20/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 11 de septiembre de 2020
  • El derecho a saber facilita la toma de decisiones, pues en tiempos de crisis la protección de los derechos no puede ni debe parar, afirmó la Comisionada Ciudadana del INFO.
  • Participó en el panel “Acceso a la información pública como elemento esencial de una democracia robusta”, que organizó el Órgano Garante de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.


El derecho de acceso a la información, además de ser un derecho llave que potencia otros derechos, ayuda a contrarrestar la desinformación, las fake news y la infodemia, fenómenos que en la actual crisis sanitaria por Covid-19 han cobrado mayor presencia en el entorno digital, afirmó la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), Marina San Martín Rebolloso.



A invitación de la doctora Maria Gracia Andía, Titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, la Comisionada del INFO participó en el panel virtual “Acceso a la información pública como elemento esencial de una democracia robusta”, organizado en el marco de la presentación del “Informe Anual de Evaluación y Gestión 2019-2020” de dicho organismo.



Durante la presentación del Informe la doctora Andía comentó que, en el año 2019, ingresaron un total de 5.915 solicitudes de acceso a la información pública en los términos establecidos en la Ley 104 y su Decreto reglamentario 260/17.



La Titular refirió que, durante el segundo año de gestión de dicho órgano garante, período que va del 1° de febrero 2019 al 31 de enero de 2020, en total, se resolvieron 466 expedientes dentro del tiempo evaluado. Lo anterior representó un incremento del 133% con relación al total de los casos resueltos en el período anterior.



El Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza de manera constante e ininterrumpida el buen funcionamiento del sistema de acceso a la información de la Ciudad, incluso en el marco extraordinario de la pandemia que nos toca vivir, destacó.



En su exposición, San Martín Rebolloso destacó que el derecho a saber facilita la toma de decisiones con información útil; reduce asimetrías informativas; facilita la participación ciudadana al opinar con sustento; favorece la transparencia y la rendición de cuentas; incentiva la fiscalización y evaluación de lo público e incide en el desarrollo democrático, y todo ello fortalece a las instituciones y genera confianza.



Resaltó que es necesario establecer sinergias con los medios de comunicación para que la información que las instituciones generan sea más sólida, con sustento y pueda ser verificada, y trabajar en la manera en que las autoridades gubernamentales dan a conocer la información que generan, para favorecer la construcción de ciudadanía.



Como ejemplo del impacto que han tenido los fenómenos de la desinformación y las fake news durante la pandemia, la Comisionada Ciudadana refirió algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud, que dan cuenta de la exorbitante generación de información relacionada con la crisis sanitaria por Covid-19: en mayo pasado se habían subido 361 millones de videos en la plataforma YouTube en las categorías de “Covid-19” y “Covid 19”; desde el inicio de la pandemia se han publicado cerca de 19 mil 200 artículos en Google Scholar; y en marzo pasado cerca de 550 millones de mensaje en Twitter incluyeron los términos coronavirus, coivd19, covid-19, covid_19 o pandemia.



Para contrarrestar ese escenario -dijo-, se debe hacer uso del derecho de acceso a la información, porque en tiempos de crisis la protección de los derechos no puede ni debe parar. Recomendó ir un paso adelante ante la desinformación originada durante la pandemia, recurriendo a la información oficial, entre ella, la que generan los sujetos obligados, para construir una red de información oportuna y veraz.



“Debe haber una utilidad y apropiación de las personas al derecho de acceso a la información; que la gente vea sentido de la información para una mejor toma de decisiones y construir cultura cívica”, subrayó la Comisionada San Martín.



Expresó como beneficios del derecho de acceso a la información, el fortalecimiento a la labor periodística porque empodera a la ciudadanía; así como la mejora en la toma de decisiones, individuales o colectivas, al estar basadas en elementos ciertos y adoptadas con sustento.



Agregó que la información de las instituciones del Estado permite su confrontación con otras fuentes, lo que refuerza los contenidos, y favorece el periodismo de investigación, gracias al cual se han transparentado hechos de trascendencia pública sobre el manejo de recursos, gestión y decisiones públicas.



En su intervención, la diputada de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Natalia Fidel, destacó que ésta ha sido una ciudad de vanguardia en la legislación del acceso a la información, para que no sea un derecho de unos cuantos, sino ejercido por todas las personas, en particular por los grupos vulnerables, y señaló que le reto es que la información sea utilizada para resolver problemas generales dando lugar a políticas públicas.



Reconoció que, desde el Poder Legislativo, se enfrenta el desafío de cómo hacer para que la ciudadanía se apropie del derecho de acceso a la información y haga uso de él.



Por su parte, Pablo Casas, juez de Primera Instancia del Juzgado Penal, Contravencional y Faltas No. 10 de Buenos Aires, recordó que el Poder Judicial tuvo un ejercicio de transparencia pasiva y sólo unos consultaban una carpeta, pero en cuanto hicieron más accesible la información hubo más consultas de los expedientes.



Recordó que el ejercicio denominado hackatón, un espacio para crear aplicaciones digitales promoviendo propuestas para contar con una “justicia abierta”, ha permitido que la ciudadanía tenga acceso a resoluciones y expedientes judiciales, documentos accesibles con un lenguaje sencillo y comprensible para su consulta.



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