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Facilitar el camino de acceso a la información de las personas debe ser un compromiso permanente, pues con ello se fortalece la confianza en las instituciones: Maria del Carmen Nava Polina.
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La Comisionada Ciudadana resaltó que la información sobre responsabilidad patrimonial del Estado permite identificar si este ha cumplido o no con sus obligaciones en los casos donde por actividad irregular afecta la esfera privada de las personas.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) instruyó al Consejo de la Judicatura capitalino (CJCDMX) que remita a la Secretaría de la Contraloría General y al Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la CDMX, una solicitud sobre datos estadísticos relacionados con irregularidades de autoridades judiciales.
Durante la vigésima cuarta sesión ordinaria del Pleno, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso el recurso de revisión RR.IP. 2768/2022 en contra de la CJCDMX, sobre procedimientos interpuestos y resueltos en materia de responsabilidad patrimonial del estado, en específico, aquellos de irregularidades de autoridades judiciales.
Al exponer el recurso, que se aprobó por unanimidad, explicó que la persona solicitante requirió diversos datos estadísticos como son: ¿Cuántos asuntos en materia de responsabilidad patrimonial del Estado con motivo de la “actividad administrativa irregular” de autoridades judiciales, han resuelto las y los jueces ordinarios o las salas de apelación?
La Comisionada comentó que en su respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para conocer de lo requerido y remitió la petición ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Inconforme con la respuesta, la persona ahora recurrente, interpuso un recurso de revisión ante el INFO CDMX.
La Comisionada Nava Polina dijo que al exponer este caso se vislumbra la importancia de que los sujetos obligados pueden tener la facilidad de orientar a las personas, a través de un amplio y detallado conocimiento de las facultades que tiene cada institución, sobre todo cuando la respuesta a una solicitud de información involucra a más de una instancia.
Asimismo, refirió que las estadísticas solicitadas por el recurrente son un dato importante porque permite identificar si el Estado ha cumplido o no con sus obligaciones en los casos donde por actividad irregular afecta la esfera privada de las personas, tal como se establece en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
“Se le llama responsabilidad patrimonial del Estado cuando existe una afectación de su parte a una persona, bien o patrimonio”, añadió.
Del estudio y análisis realizado -dijo la Comisionada-, se concluyó que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México es la autoridad legalmente facultada para atender y resolver las reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial, en tanto que el Tribunal de Justicia Administrativa también podría pronunciarse y dar respuesta respecto a los datos estadísticos solicitados.
Por ello, la Comisionada Nava Polina, propuso al Pleno modificar la respuesta de la Judicatura para que remita la solicitud vía correo electrónico institucional, a las unidades de transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y del ahora Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que se pronuncien al respecto.
“Facilitar el camino de acceso a la información de las personas debe ser un compromiso permanente, pues con ello se fortalece la confianza en las instituciones”, concluyó.
