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El costo material de no tener transparencia en una sociedad que se diga democrática y constitucional es mucho más elevado que consolidarla, aseguró el Comisionado del INFO CDMX.
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El acceso a la información permitirá contar con ciudadanos y ciudadanas cada vez más informadas y virtuosas, señaló.
El acceso a la información y la transparencia son triunfos democráticos y valores que están situados en el cenit de la República para contar con ciudadanos y ciudadanas cada vez más informadas y virtuosas, enfatizó Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
Las personas deben ser provistas de información que les brinde certezas para tener incidencia en las decisiones de Gobierno y en la conversación pública, pues son herramientas que implican la rendición de cuentas, que les permite señalar, denunciar y manifestar su inconformidad con prácticas desviadas de la legalidad, aseguró.
Durante los trabajos del V Congreso Internacional “Filosofía, Arte y Derecho, FIARDE 2022”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bonilla Gutiérrez afirmó que en pleno Siglo XXI nadie debería escapar a los controles constitucionales, como el acceso a la información y la transparencia.
En su participación, vía digital, con la ponencia “Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, señaló que “el costo material de no tener transparencia en una sociedad que diga llamarse democrática y constitucional es mucho más elevado que consolidarla. La transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción se relacionan con la democracia y sus posibilidades de ampliación y desarrollo en el marco de lo que llamamos un Estado democrático constitucional”, subrayó.
Se debe potenciar la tutela de los derechos humanos, por eso “las mujeres, los indígenas, la diversidad sexual, las personas con discapacidad y los migrantes, representan un proyecto de nación. La Constitución debe reconocer a todos estos proyectos que tienen que ser un punto de encuentro”, finalizó.
Al tomar la palabra, Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente del órgano garante local, detalló que de acuerdo a la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, “México tiene 31 puntos, eso nos sitúa en el lugar 124 de 180 países del ranking”.
También dijo que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “en el 2021 el 86.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, señalando que la tasa de incidencia fue de 99 mil 995 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes”.
Guerrero García explicó que la corrupción cuesta mucho dinero a las y los mexicanos ya que se gasta un aproximado de nueve mil 500 millones de pesos, los que equivale a tres mil 044 pesos promedio por persona afectada.
Afirmó que los órganos garantes de transparencia podrían llevar acciones para dar a conocer la opacidad que se puede vivir dentro de los sujetos obligados, en igual sentido, aseguró que la participación de la ciudadanía y los órganos de justicia contribuiría a combatir la corrupción.
En su oportunidad, Jaime Cárdenas Gracia, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor en el posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, enfatizó que para enfrentar a la corrupción es importante discutir quién tiene el poder en una sociedad, quién tiene el poder económico, el poder político y quién tiene el poder sociológico.
Aseguró que los controles a esos poderes y el marcar los límites en el ejercicio de Gobierno se encuentran tanto en las manos de los tribunales y autoridades como en la de los órganos de transparencia local y nacional y la Auditoría Superior de la Nación, entre otros.
También estuvieron como ponentes Laura Corina Núñez Aristeo, Subdirectora del Sistema de Transparencia y Anticorrupción del INFO CDMX y Angélica Cuevas Martínez, Catedráticas de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios.
