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El Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es importante porque tiene la tarea de diseñar políticas públicas y acciones específicas. De acuerdo con su marco normativo, debe incluir a personas de organizaciones de sociedad civil, académicas y del sector privado: María del Carmen Nava Polina.
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Añadió que la Agenda 2030 reconoce que la inclusión de las personas con discapacidad es una parte esencial del camino hacia el desarrollo sostenible.
El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México debe hacer público el Reglamento del Consejo Consultivo resolvió el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) durante su Vigésima Primera Sesión Ordinaria.
Al presentar el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.2548/2023 ante el Pleno, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso que una persona solicitó la versión más actualizada del Reglamento interno del Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. A lo que el sujeto obligado respondió que la última versión de modificaciones al reglamento se aprobó en una sesión de dicho Consejo y que se llevan a cabo gestiones para su publicación en la Gaceta Oficial de la CDMX.
La Comisionada añadió que del análisis realizado por su Ponencia se determinó que el agravio es fundado toda vez que, de acuerdo con la investigación realizada, el Consejo celebró una sesión extraordinaria el 9 de marzo de este año para aprobar las últimas modificaciones a su reglamento. Esto indica que de manera previa ya existía una reglamentación.
“Es decir, aunque los cambios más recientes no se hubieran publicado en la Gaceta, el Instituto debería haber entregado el documento vigente”, dijo la Comisionada.
Destacó que la normativa aplicable debería estar disponible para consulta directa, según lo establece el artículo 121, fracción primera, de la Ley de Transparencia local. Es decir, cualquier reglamento o normativa interior de los sujetos obligados debe transparentarse por ley en su portal de transparencia.
Durante su posicionamiento, la Comisionada Nava Polina contextualizó la importancia de este caso ya que más de mil 300 millones de personas en el mundo, o una de cada seis, tienen alguna discapacidad. Este número -dijo-, crece por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas. En México, más de 7 millones de personas, esto es 5 de cada 100, tienen alguna discapacidad. Y en la capital, esta proporción aumenta a 6 de cada 100 habitantes.
Recordó que la Agenda 2030 reconoce que la inclusión de las personas con discapacidad es una parte esencial del camino hacia el desarrollo sostenible. Aquí son relevantes el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 para reducir la desigualdad, y el Objetivo 11, que busca hacer las ciudades más inclusivas.
Destacó que la inclusión no sólo es una cuestión de derechos humanos, sino también una condición necesaria para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “La falta de acceso a la información, como se plantea en este caso, puede dificultar la participación plena y efectiva y limitar su capacidad para contribuir al desarrollo sostenible”, puntualizó la Comisionada.
Nava Polina resaltó que el Consejo Consultivo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México es importante porque tiene la tarea de diseñar políticas públicas y acciones específicas. De acuerdo con su marco normativo, debe incluir a personas de organizaciones de sociedad civil, académicas y del sector privado.
En este sentido, acceder al reglamento de este órgano colegiado es crucial porque proporciona una visión clara de cómo se organiza y funciona, lo que puede ayudar a que las personas con discapacidad tengan el derecho a saber y mejor entendimiento de sus derechos y las medidas que se toman para protegerlos.
La Comisionada resaltó la importancia de recordar que la información debe estar accesible para las personas con discapacidad. Es decir, se debe contar con un diseño universal que elimine barreras físicas, de comunicación y normativas para garantizar un acceso equitativo a la información.
Por lo tanto, la resolución en este caso no sólo tiene implicaciones para la persona que solicitó la información, sino que también tiene un impacto más amplio en la sociedad y en los esfuerzos que logran el desarrollo sostenible en la Ciudad de México.
Por lo anterior, la Ponencia de la Comisionadas Nava Polina propuso al Pleno revocar la respuesta del Instituto de las Personas con Discapacidad y que turne a todas sus unidades administrativas correspondientes la solicitud de información en cuestión.
