Con el objetivo de analizar la trascendencia del Acuerdo de Escazú en el acceso a la información pública y en la justicia ambiental, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) llevó a cabo el Conversatorio “El acuerdo de Escazú y el desafío del acceso a la información en el marco de la Agenda 2030”.
En el evento, encabezado por el Comisionado Presidente del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García y Erica Valencia, Fundadora y Directora General del Grupo Ectagono-Ectarea, reserva ecológica ubicada dentro del Área de Valor Ambiental “Barranca de Tarango”, se dieron cita personas especialistas en la materia, catedráticas, juristas nacionales e internacionales, representantes de organizaciones civiles, así como Comisionadas y Comisionados de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales nacional (INAI) y local (INFO CDMX).
Al tomar la palabra, Arístides Rodrigo Guerrero García explicó que este Conversatorio se realizó derivado de la firma del acuerdo de colaboración con la Asociación Civil Ríos Tarango. Señaló que, “Aunque pareciera utópico pensar en que pudiera existir una Constitución de la Tierra, hoy es más que necesaria en un mundo global donde lo que ocurre en la Ciudad de México, por ejemplo, puede impactar en Buenos Aires, Argentina”.
Erica Valencia, por su parte, explicó que Tarango es la última barranca sin urbanizar dentro de la Ciudad de México, la cual comprende un área de valor ambiental de alrededor de 270 hectáreas, abrazada por dos de los cinco ríos sin entubar que aún conserva la Ciudad de México, el río Puente Colorado y el río Puerta Grande.
“Forma una parte muy importante del corredor de barrancas que tenemos en la Ciudad y que suman alrededor de 99. Ectagono trabaja para restaurar esta zona, no sólo en términos de agua, de biodiversidad de suelos, sino también para integrar en ella el concepto de ecoturismo, que pueda resignificar el cómo estamos cohabitando las áreas verdes”, precisó.
Como parte de los trabajos, se llevaron a cabo dos conversatorios: “Acceso a la información y al medio ambiente sano a través de los ODS de la Agenda 2030” y “Transparencia y justicia ambiental”.
Conversatorio 1: “Acceso a la información y al medio ambiente sano a través de los ODS de la Agenda 2030”
En el Conversatorio “Acceso a la información y al medio ambiente sano a través de los ODS de la Agenda 2030”, las y los panelistas coincidieron en la importancia de la capacitación de los juzgadores, así como de todas las personas en general en materia de derecho ambiental.
Hicieron énfasis en los mecanismos de apoyo ambiental que existen en la actualidad a través de instituciones públicas nacionales e internacionales y la sociedad civil para generar estrategias de mejora al medio ambiente.
En su intervención, Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX, aseguró que el derecho de acceso a la información y los avances y desarrollos tecnológicos vinculados con la Agenda 2023 para el desarrollo sostenible pueden ser herramientas efectivas para la construcción de soluciones en materia ambiental y para dar sostenibilidad a las actividades humanas.
“La tecnología ambiental permite el monitoreo en tiempo real de las actividades humanas y sus impactos en el medio ambiente a través de sensores y sistemas de información geográfica que pueden recolectar datos sobre la calidad del aire, agua, suelo, la biodiversidad y la deforestación, entre otros”, explicó.
Julio César Bonilla Gutiérrez enfatizó que la utilización de la tecnología puede servir para tomar decisiones informadas y para mejorar la gestión ambiental. La participación de la sociedad civil -indicó- es fundamental para la construcción de soluciones sostenibles y toma de decisiones.
Al tomar la palabra, Aquilino Vázquez García; Director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invitó a replantear el marco jurídico actual en materia ambiental, ya que el derecho ambiental aún no se ha terminado de estudiar y de hacer lo correspondiente en cuanto a la implementación del andamiaje jurídico.
“Porque el tema de la concurrencia nos está complicando y si vamos a partir de la educación también me iría a los temas de concientización ciudadana”, detalló.
Jorge A. Franza; Vicepresidente de la Cámara de Apelaciones Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subrayó que gracias al Acuerdo de Escazú se tienen que cumplir los principios fundamentales que estable en todas las áreas, desde el gobierno federal hasta el local.
“Esto es el empoderamiento de la sociedad, es una democracia que debe tener transparencia con información. Lo más importante es que no se puede dar en los estudios de impacto ambiental información falsa”, enfatizó.
María Apuleya Patricia Pons Álvarez, Directora de Operación y Estrategias de Desarrollo Sostenible del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, detalló que la principal función de esta institución es generar insumos para las políticas públicas, así como difundir y promover diversas líneas de acción en materia ambiental.
“Acceso a la información no sólo es difundir, es educar, capacitar y sensibilizar respecto al derecho ambiental para que cada una de las personas que integran el Consejo tengamos la sensibilización de que cada acto cotidiano tiene que ver con el medioambiente”, dijo.
Claudia Hernández Fernández, Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, detalló la importancia de dar a conocer la información jurídica y científica de manera pertinente y en lenguaje claro que permita a todas las personas entender qué se les está informando y para qué.
Indicó que en ocasiones decimos “hay que hacer educación ambiental” y a la gente la llenamos de datos y de un montón de cosas, pero “¿para qué les sirve tener esos datos? Creo que debemos tener mayor claridad del para qué estamos promoviendo la información y de qué tipo”, expresó.
Conversatorio 2: “Transparencia y justicia ambiental”
Participaron Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente INFO CDMX; Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI; Francisco Javier Acuña Llamas, Especialista en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública y, Ana Paola Mercado Ortega, Coordinadora de Alianzas para Incidencia de Reforestamos México.
Las personas panelistas coincidieron en la importancia de la justicia ambiental y el uso del acceso a la información pública para mejorar o tratar de cambiar acciones en favor del planeta y de las personas.
Aseguraron que la participación de la Sociedad Civil es fundamental en la toma de decisiones y agregaron que la capacitación en materia ambiental es relevante porque -indicaron- permite entender mejor lo que sucede en el medioambiente y cómo contribuir desde acciones personales para revertir el daño ambiental.
Al respecto, Arístides Rodrigo Guerrero García presentó ante las y los asistentes el recurso de revisión 1842/2023 que se votó el 24 de mayo de este año por el Pleno del INFO CDMX, cuya resolución fue redactado en lenguaje ciudadano y donde una persona solicitó saber la cantidad de agua que se ha perdido en la capital del país y esto -dijo- es una muestra de cómo el Acuerdo de Escazú puede tener efectividad y cómo el acceso a la información pública puede ser útil.
Explicó que las resoluciones son presentadas con un lenguaje sencillo y sin tecnicismo para facilitar su comprensión, mediante el uso de carátulas cuyo diseño incluye la incorporación de palabras clave como: agua, fuga, reparaciones, red primaria para mayor referencia.
Arístides Rodrigo Guerrero García detalló que, incorporando herramientas de inteligencia artificial, el uso de palabras clave permitirá a las personas ciudadanas hacer búsquedas temáticas de modo tal que podrán consultar todas las resoluciones relacionadas con la temática de interés, emitidas por el Pleno del Instituto de Transparencia de esta capital.
La Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, quien moderó el conversatorio, aseguró que el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ponen de manifiesto la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información en materia ambiental.
“La información se vuelve vital porque permite que ciertos sectores, como organizaciones de la sociedad civil, incluso la sociedad en general, se alleguen de información pública en la problemática en materia ambiental; información útil para investigaciones, reportajes, toma de decisiones en este ámbito; contar con información permite darnos cuenta de dónde estamos, saber lo que se ha hecho bien, lo que no, cuáles son los aspectos que se pueden cambiar y mejorar”, señaló.
Adrián Alcalá Méndez, Comisionado del INAI, aseguró que una sociedad informada puede tomar mejores decisiones. “La participación ciudadana es importante para el cuidado del medioambiente”, indicó.
En el INAI -dijo- resolvimos el recurso de revisión del Río Atoyac que pasa por los estados de Hidalgo y Puebla, conocido por su contaminación, donde preguntaban “cuántos animales van a beber agua de este río y qué consecuencias tiene que los animales beban esa agua; y la COFEPRIS indebidamente reservó la información sobre los estudios de este río. Si la gente estuviera informada, tendrían el conocimiento y tomarían mejores decisiones al saber si sus animales pueden tomar o no de esa agua".
Francisco Javier Acuña Llamas invitó a las personas a dejar de utilizar plásticos porque -señaló- con acciones pequeñas, como dejar de usar popotes, se logra avanzar en favor del medio ambiente.
“Con este tipo de actos estaremos dándole valor a un instrumento Internacional, el Acuerdo de Escazú, que sintetiza una serie de voluntades colectivas. Hay gobiernos que firman acuerdos que reflejan sus mejores intenciones, pero luego quedan sin sustento”, indicó.
Ana Paola Mercado Ortega aseguró que espacios como este conversatorio son una muestra de colaboración entre las instituciones, el gobierno, la sociedad civil y la academia.
“Permite verdaderamente, tomar nuevas decisiones que hacen falta para el cuidado de los recursos naturales, porque sin duda la crisis ambiental requiere de construir una gobernanza ambiental y esta se tiene que edificar con la participación de todas y todos. El Acuerdo de Escazú no hubiera entrado en vigor en América Latina sin el apoyo de la Sociedad Civil”, enfatizó.
