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10 Instituciones convocaron al Foro: Un camino hacia la Justicia Abierta. Experiencias, prácticas e indicadores: Estado Abierto del INFO CDMX, el INAI, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Red Internacional de Justicia Abierta, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país, el Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la CDMX (CIIS), la Barra Mexicana Colegio de Abogados, México Evalúa y, la Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia.
Uno de los elementos fundamentales para contar con la Justicia Abierta es tener un lenguaje sencillo y claro para que las personas entiendan las sentencias y procesos judiciales, coincidieron personas especialistas en la materia que participaron en el Foro: Un camino hacia la Justicia Abierta. Experiencias, prácticas e indicadores.
Durante el mensaje de inauguración, María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), resaltó que el lenguaje sencillo, claro y constructivo es uno de los elementos de apertura institucional que vincula y acerca a las personas con las instituciones.
Añadió que este elemento permite que las instituciones que integran el espectro amplio de Justicia Abierta (judiciales, de derechos humanos, medios alternativos de solución de controversias, reinserción) sean más humanizadoras al momento de la administración, impartición y procuración de justicia para solventar las necesidades de las personas, así como la de atender cualquier requerimiento para solucionar conflictos de grupos y sociedad.
Agradeció a las diez instituciones convocantes del Foro donde presentaron los resultados de la Métrica de Justicia Abierta (MJA) así como del Índice de Transparencia Pasiva de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), herramientas -dijo- “que permiten tener un parámetro de qué necesitamos alcanzar o qué necesitamos reproducir para abrir brecha, expandir la ola de Justicia Abierta y conocer experiencias impulsadas para promoverla en México”.
Yolanda Rangel Balmaceda, Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, en representación del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México, aseguró que la voz de la sociedad deber ser escuchada, porque el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todas personas en lo individual, pero también como una garantía social.
“La participación de la sociedad en la vida pública constituye cada día y cada vez más un reclamo de transparencia y rendición de cuentas de los distintos órganos de gobierno, la participación de las personas implica que se abran las instituciones; actualmente la formalización del sistema legal viene transformándose; un aspecto es la utilización del lenguaje democrático y que deja de lado el lenguaje de las y los abogados; la interacción e interlocución entre tribunales y ciudadanía, contribuye al mejor derecho de las personas para lograr una justicia más abierta”, puntualizó.
Francisco Guajardo, Consejero del organismo garante de transparencia del estado de Nuevo León y Coordinador de la Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), aseguró que los resultados del Índice de Transparencia Pasiva, estudio en el que participó México, se suma la intención de construir una justicia abierta confiable y cercana a la población.
Invitó a adoptar estrategias en favor de las personas, a construir una justicia más abierta y conformar un ecosistema de diálogo entre el sistema judicial y la ciudadanía.
Erwin Flores Wilson, Magistrado presidente de la primera sala ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa local, subrayó que la participación de la sociedad civil en el quehacer de la justicia, potencializa la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos jurisdiccionales del poder judicial.
“La justicia abierta ya no es sólo una aspiración jurídica, hoy en día es un instrumento de legitimación para las personas impartidoras de justicia; estamos obligados a actuar en forma transparente, a rendir cuentas y a actuar con legalidad”, dijo.
Mariela Ponce Villa, Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro, afirmó que si las instituciones impartidoras de justicia son más eficaces, generarán mayor confianza en las personas.
“Trabajemos por una Justicia Abierta para cada vez ser realmente más transparentes y principalmente que las personas confíen en nosotros; si las personas no confían en nosotros como jueces y juezas estamos condenadas; tengamos cuidado en cómo publicamos o cómo escribimos nuestras sentencias, el tema es que el ciudadano las comprenda”, puntualizó.
Martha Leticia Mercado, Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, como representante de este Tribunal y del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de la Ciudad de México, señaló que el Tribunal Electoral cree en la Justicia Abierta, y está abierto a las personas; somos una instancia cercana a la ciudadanía, ha brindado capacitación a cualquier grupo poblacional que lo ha solicitado.
Aseguró que los espacios donde laboran las y los servidores públicos son para dejar huella, “no son para pasar una etapa profesional y ya; mientras sigamos diciendo que somos incluyentes pero haya un pequeño sector de la población que no se sienta incluido los invito a que nos cuestionemos qué tan atinadamente estamos ejerciendo nuestra labor como servidoras y servidores públicos”.
En su oportunidad, Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente del INFO CDMX, recordó que en 2020 hubo reformas a la Ley General de Transparencia para establecer como obligación la publicación de todas las sentencias de los tribunales; el reto fue lograr que éstas fueran accesibles a las personas a través de un lenguaje sencillo.
“El derecho a que nuestras resoluciones y sentencias sean entendibles para todas y todos, con un lenguaje más sencillo; para saber cómo comunicamos es importante hacer uso de las tecnologías, que la inteligencia artificial la veamos como área de oportunidad para modernizar nuestra sentencias y resoluciones”, señaló.
PANEL JUSTICIA ABIERTA
Como parte del evento, se llevó a cabo un panel donde se dieron a conocer los resultados de dos instrumentos: la Métrica de Justicia Abierta (MJA), realizada en colaboración y cocreación por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la organización internacional World Justice Project (WJP) y el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, cuyos resultados resaltan aspectos críticos del estado actual de la justicia en el país, con especial atención al caso de la Ciudad de México, asimismo se presentó Índice de Transparencia Pasiva 2022 de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
Al hacer uso de la palabra, María del Carmen Nava Polina enfatizó que no se puede hablar de un estado especializado con instituciones “abigarradas o con un lenguaje críptico para la sociedad”, porque eso facilita que haya más desconfianza y lejanía de las personas con las instituciones públicas.
El derecho a entender -dijo- permea sí o sí la operación de las instituciones, “porque la Justicia Abierta va más allá de sólo tener la firma de un protocolo, permea en acciones dentro de las distintas estructuras institucionales y tiene alcances de la apertura institucional”. El derecho a entender habilita el comunicarse con la sociedad a través de la claridad, didáctica, inclusión y lenguaje institucional, así como de personas servidoras públicas.
Porque cuando se tienen buenas prácticas -puntualizó la Comisionada- construimos paz positiva a través de las soluciones que sean enfáticas, incluyentes, sencillas, claras y de fácil entendimiento; que contribuyan a la cultura del diálogo y mecanismos autocompositivos. De ahí que el logo del Foro representa un círculo de cocreación de soluciones entre personas, en vez de la balanza tradicional de la justicia.
Ana Cárdenas, Directora de Justicia de World Justice Project y Lourdes Morales Canales, Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, presentaron la metodología y resultado de la MJA.
Este instrumento midió a más de 233 sujetos obligados con 42 variables sistematizadas en temas de transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas; en el caso de la Ciudad de México, está en la mejor posición de todas las entidades del país; los resultados indican que los Tribunales Superiores de Justicia y las Comisiones de Derechos Humanos son instituciones con mayor apertura institucional.
Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa, comentó que “desafortunadamente aún no hay una agenda, una estrategia nacional coordinada en materia de Justicia Abierta, ni en políticas públicas, ni en la normatividad”. Por ello, reconoció a los estados de Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo que firmaron Declaratorias de Justicia Abierta.
Presentó ejemplos de buenas prácticas de poderes judiciales de diferentes estados de la República, como Yucatán, donde el Consejo de la Judicatura realiza mesas de atención ciudadana para contestar preguntas y recibir comentarios de las personas usuarias; Guanajuato, que creó un micrositio donde publica estadística judicial actualizada en formato de datos abiertos; el Estado de México que cuenta con el Programa de Atención Oportuna, a través del cual atienden dudas y quejas de las personas usuarias y, Querétaro, que cuenta con un Observatorio Ciudadano, que revisa las licitaciones y los procesos de selección de personas juezas.
En su oportunidad, Valeria Quiroga, integrante de la Red Internacional de Justicia Abierta y Responsable de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, explicó que esta herramienta permite precisar las áreas de oportunidad de las instituciones y se puede observar las áreas que se pueden mejorar para generar valores más altos en las medidas de acceso a la información pública.
El objetivo del Índice -dijo- es que permita determinar la situación de los países participantes respecto de un ideal de transparencia pasiva, identificar el potencial de mejora en cada caso y monitorear los avances a lo largo del tiempo.
Mariela Ponce Villa, Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Querétaro enfatizó que no se puede “cerrar el círculo de la Justicia abierta” si las instituciones judiciales no cuentan con un lenguaje claro.
“El lenguaje en la sentencia es el acercamiento real con el justiciable al que se le está resolviendo un conflicto, si él no me entiende, cada vez voy a ser más lejano, en la medida que yo me dé a entender en mis sentencias, en esa medida tendré más cercanía con las personas”, subrayó.
Compartió que el poder judicial del estado planteó una nueva ley orgánica con lenguaje sencillo, “de donde surgió un observatorio ciudadano que está integrado por un representante académico, un profesionista de colegios de abogados y dos personas de organización civil; este observatorio cuida el proceso de selección de jueces y el ejercicio del gasto público; en materia de transparencia se tiene una nueva página, accesible para las personas, y ahora disminuyeron las solicitudes de información”.
La memoria, materiales, video y referencias, se albergarán en un micrositio sobre Justicia Abierta, para permitir la consulta y facilitar el conocimiento abierto.
